El Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT Servicios Públicos y CSIF han alcanzado un acuerdo que permitirá la recuperación del poder adquisitivo a casi tres millones y medio de empleadas y empleados públicos, que verán incrementadas sus nóminas entre 2025 y 2028 en 11,5 puntos —con los deslizamientos—.
El documento, que lleva por título “Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía”, mejora las retribuciones 2025-2028; elimina la tasa de reposición de efectivos; agiliza y mejora los procesos selectivos; establece nuevas modalidades de promoción interna e incrementa, en las ofertas de empleo público (OPE), el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía. Además, en 2026 se revisarán al alza los complementos de residencia, insularidad e indemnizaciones por razón de servicio, con criterios de igualdad, entre otras medidas.
El Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía tiene en el incremento de los salarios de las empleadas y empleados públicos uno de sus ejes fundamentales. El texto pactado contempla:
- 2025: aumento del 2,5 %, que será consolidable, tendrá carácter retroactivo a 1 de enero de 2025 y será abonado en diciembre.
- 2026: subida del 2 % (1,5 % fijo, más 0,5 % variable si el IPC es igual o superior al 1,5 %). Este medio punto se cobrará en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo desde enero de 2026.
- 2027: incremento del 4,5 %.
- 2028: subida del 2 %.
Los salarios públicos recuperarán de este modo tres puntos de poder adquisitivo (exactamente, un 2,83 %). En un plazo de trece meses (enero de 2027), las nóminas registrarán un incremento del 9 %. El aumento total real durante el período de vigencia del acuerdo será del 11,43 %, incluidos los deslizamientos/arrastres.
Junto al incremento de los salarios de las empleadas y empleados públicos, el acuerdo contempla la eliminación de la tasa de reposición de efectivos, una reivindicación de UGT Servicios Públicos desde hace años. La tasa de reposición, puesta en marcha con ocasión de los recortes llevados a cabo a raíz de la crisis de 2008, ha sido un mecanismo que ha dificultado la renovación de las plantillas y que ha incidido en las altas tasas de temporalidad dentro de las administraciones.
El documento presta especial atención a la promoción interna, con cursos selectivos y el desarrollo de nuevas modalidades, así como una formación homologada que facilite la promoción, la carrera y la movilidad de las empleadas y empleados públicos. También se convocarán concursos de méritos permanentes y abiertos como mecanismo ordinario para la provisión de puestos de trabajo. Otro punto destacado es que la ejecución y el desarrollo de las ofertas de empleo público se lleven a cabo en el plazo de un año.
El acuerdo marco incluye el compromiso de incrementar en las OPE el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía y garantizar la prestación presencial del servicio y, de manera complementaria, la atención telefónica y electrónica. También prevé diversas medidas relacionadas con la igualdad y la no discriminación, como la eliminación de la brecha salarial por razón de género o la atención integral de las personas víctimas de violencia de género.
Las empleadas y empleados públicos verán actualizado el régimen de permisos existente, así como los permisos vinculados a causa de fuerza mayor, atención a necesidades familiares, vulnerabilidad y enfermedades graves, y se revisarán los programas de acción social.
Con el objetivo de mejorar la cualificación, se pondrá en marcha un plan de competencias digitales que garantizará el acceso para todas las empleadas y empleados públicos y establecerá un itinerario que contemple varias fases formativas. Finalmente, también se activará el Observatorio del Empleo Público, creado en virtud del Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, que estará encargado de realizar el seguimiento de la calidad de los servicios y del empleo público, así como de analizar el impacto de la implantación de la digitalización.
