El nombramiento de María Pardo como nueva consejera de Educación llega en un momento decisivo para la educación pública de Castilla y León.
No se trata únicamente de un relevo al frente de la Consejería. Se trata de una oportunidad para corregir inercias que se han prolongado durante demasiado tiempo y para afrontar con determinación las necesidades reales de los centros educativos y de quienes sostienen cada día el sistema educativo público.
Desde UGT Servicios Públicos Enseñanza Castilla y León deseamos a la nueva consejera los mayores aciertos en su gestión. Pero también consideramos que ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos.
María Pardo asume la responsabilidad de una Consejería que presume con frecuencia de los buenos resultados educativos de Castilla y León. Y es cierto que esos resultados existen. Pero también es cierto que detrás de ellos se encuentran miles de docentes que han demostrado durante años una profesionalidad, una capacidad de adaptación y un compromiso extraordinarios.
No puede seguir siendo el profesorado quien soporte en solitario el peso de los éxitos del sistema educativo mientras las mejoras necesarias continúan acumulando retrasos.
La nueva consejera no hereda un problema. Hereda una responsabilidad: garantizar el cumplimiento de la palabra dada a miles de docentes de Castilla y León.
Pero también hereda una oportunidad: situar de una vez por todas a la educación y a sus profesionales donde merecen estar.
Cumplir el acuerdo del 22 de septiembre de 2025
La primera obligación de la nueva consejera debe ser garantizar el desarrollo efectivo del Acuerdo de Mejora de las Condiciones Laborales del Profesorado firmado el 22 de septiembre de 2025.
UGT ha defendido desde el primer momento que los acuerdos no se firman para ser archivados, sino para cumplirse.
A menos de tres meses de la fecha prevista para su entrada en vigor, resulta imprescindible convocar la Mesa Sectorial de Educación y concretar el desarrollo de medidas tan importantes como la reducción voluntaria de jornada de hasta un tercio para el profesorado mayor de 55 años sin reducción de haberes o el reconocimiento efectivo de la función tutorial.
UGT defiende una tutoría reconocida profesional y económicamente, con una reducción de tres horas lectivas semanales para el ejercicio de sus funciones y una compensación económica equivalente a la de las jefaturas de departamento. Porque acompañar al alumnado, coordinar la acción educativa y mantener la relación con las familias constituye una de las tareas más importantes de nuestro sistema educativo.
La atención a la diversidad exige recursos y no declaraciones
Hablar de inclusión educativa exige actuar en consecuencia.
La realidad de los centros educativos demuestra que las necesidades del alumnado son cada vez más diversas y complejas. Por ello, UGT considera imprescindible que todo el alumnado compute a efectos de planificación y dotación de recursos de especialistas (orientación educativa, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, profesorado de servicios a la comunidad, ATE…)
Todo el alumnado cuenta.
Solo así podrán dimensionarse adecuadamente las plantillas y garantizarse los apoyos que necesitan los centros.
Menos burocracia y más profesionales en los centros
La burocracia continúa siendo una de las principales preocupaciones del profesorado.
La solución no pasa por trasladar formularios de una plataforma a otra ni por generar nuevos procedimientos administrativos. Cada hora dedicada a tareas burocráticas es una hora que se resta a la atención educativa. Exigimos bajada de ratios y de horas lectivas.
La educación necesita más docentes enseñando y más profesionales no docentes (personal administrativo, auxiliares, ordenanzas,…) apoyando el funcionamiento de los centros.
Acabar con agravios históricos
UGT seguirá reclamando la mejora de las condiciones retributivas del profesorado de Castilla y León, que continúa situándose entre los peor remunerados del país.
Pero también exigirá la eliminación de una de las situaciones más injustas que afectan actualmente al colectivo docente: la obligación de elegir entre la carrera profesional y los sexenios.
UGT ha defendido siempre que ambos conceptos son plenamente compatibles y ha llevado esta reivindicación a todos los ámbitos de negociación y también a los tribunales. No existe ninguna razón objetiva para que los docentes de Castilla y León deban renunciar a un derecho para poder ejercer otro.
Del mismo modo, resulta imprescindible abordar la actualización del complemento autonómico, que permanece congelado desde 2006 mientras el coste de la vida y las exigencias profesionales del profesorado han aumentado de forma constante.
Situar a la educación donde merece estar
La Junta de Castilla y León lleva décadas gestionando las políticas educativas de nuestra comunidad. Durante ese tiempo no ha dudado en exhibir los buenos resultados del sistema educativo como un éxito propio.
Sin embargo, esos resultados tienen nombres y apellidos: los de miles de docentes que cada día sostienen la educación pública con profesionalidad, esfuerzo y compromiso.
La sociedad ha cambiado. Las aulas han cambiado. Las necesidades del alumnado han cambiado. Resulta necesario un plan integral y transformador para una educación del siglo XXI. Una adaptación al momento actual, con infraestructuras renovadas y actualizadas.
La educación pública necesita más recursos, más reconocimiento y una apuesta política clara que sitúe a la enseñanza entre las verdaderas prioridades de Castilla y León.
María Pardo tiene ahora la oportunidad de demostrar que la educación y sus profesionales son realmente una prioridad para Castilla y León.
El profesorado ha cumplido durante años con su responsabilidad. Ahora le corresponde a la Administración cumplir con la suya.
