Con motivo del Día Internacional de las personas con discapacidad que se celebra hoy, las organizaciones firmantes del XVI Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad – AEDIS, FEACEM, ANCEE, Escuelas Católicas, CECE, FECCOO y UGT Servicios Públicos– queremos recordar que la atención a las personas con discapacidad debe ser una prioridad ineludible para nuestra sociedad y reclamamos a las administraciones competentes, tanto estatal como autonómicas, que actualicen la dotación presupuestaria que destinan a los centros y servicios especializados de atención a personas con discapacidad.
El reciente acuerdo alcanzado en el Convenio Colectivo ha supuesto una mejora de las condiciones laborales de miles de profesionales que trabajan en centros educativos, residenciales, ocupacionales, asistenciales y centros especiales de empleo. No obstante, este avance tiene que ir acompañado del compromiso inmediato de la financiación pública que sustenta estos servicios, tal que asegure la correcta aplicación del nuevo Convenio.
Actualmente, las administraciones no están asumiendo el coste real de los servicios de atención a la discapacidad, ya que los convenios, acuerdos marco y subvenciones a través de los cuales se conciertan estos servicios están desactualizados.
Por ello, reclamamos a las administraciones:
- La revisión y actualización de las dotaciones presupuestarias que garanticen la prestación de los servicios de atención a personas con discapacidad
- La adecuación de los precios plaza a la realidad económica actual, para que los centros puedan cumplir con las condiciones económicas y laborales del nuevo Convenio Colectivo
- Un sistema de financiación que permita la mejora continua de la calidad de los servicios y fomente la estabilidad y el reconocimiento del personal que trabaja en el sector
- La equiparación de la financiación de las plazas gestionadas por el sector de la discapacidad con las gestionadas por la propia administración. Este esfuerzo es fundamental para poder garantizar una atención adecuada y de calidad a las personas con discapacidad, respetando sus derechos y favoreciendo su desarrollo personal y social, así como para dignificar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, que son el pilar fundamental de estos servicios.
En este 3 de diciembre, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para que se comprometan a garantizar un sistema de atención a la discapacidad justo, sostenible y acorde a las necesidades actuales. Es hora de que la Administración reconozca el trabajo que el sector realiza en favor de estas personas y ofrezca los recursos necesarios para poder ofrecerles unos apoyos y una atención de calidad.
