El Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos considera que para que el informe PISA sea útil se debe realizar un análisis referido únicamente a los aspectos educativos, centrado en las causas de los resultados alcanzados, y rechazar un uso sesgado o partidista que no conduce a una mejora real de nuestro sistema educativo. Es el momento, por tanto, de preguntarse dónde podríamos llegar si se pusieran todos los recursos disponibles para mejorar la equidad del sistema educativo de forma objetiva, es decir, destinando los medios necesarios donde más falta hacen.
Desde UGT Servicios públicos hemos realizado un análisis del informe PISA centrado en aspectos que parecen relegados en favor de las competencias y que están directamente relacionados con el éxito o fracaso en el desempeño de las mismas, y en los que España destaca por encima de la media de la OCDE y de la UE, como son los referidos a la equidad, la mentalidad de crecimiento o la resiliencia.
En España, el impacto del ISEC -la variación de resultados por las diferencias socioeconómicas- en los resultados en Matemáticas en PISA 2022 es uno de los más bajos entre los países seleccionados y, en consecuencia, se puede afirmar que es uno de los países con mayor equidad en su sistema educativo. En nuestro país, un incremento de una unidad de ISEC supondría 32 puntos adicionales en rendimiento, siete puntos menos que en el Promedio OCDE y nueve menos que en el Total UE, encontrándose entre los mejores valores para este indicador, pues tan solo México (19), Colombia (25), Turquía (27), Chile (29) y Grecia (31) tienen menos puntos asociados a este indicador.
Además, en contra de lo defendido desde algunos sectores, PISA también pone el foco en la repetición de curso como la variable con mayor impacto negativo en la capacidad de resiliencia del alumnado, que PISA entiende como “la capacidad de recuperación, o incluso de crecimiento, frente a un estado o situación adversos”.
Queremos destacar que el informe señala la mejor capacidad de resistencia de nuestro país al impacto de la COVID-19 que la de los países de nuestro entorno. Esta resistencia pone en relieve, pese a las dificultades iniciales, el acierto de las medidas adoptadas de forma coordinada por las Administraciones educativas.
En este sentido, hay que hacer especial hincapié en la profesionalidad y buen desempeño por parte del profesorado de nuestro país. Es hora de acabar con ataques absurdos e injustificados que dañan su imagen y su valía y lograr un reconocimiento real y efectivo. Este reconocimiento pasa necesariamente por la mejora de sus condiciones sociolaborales como medio para lograr que la profesión docente sea verdaderamente atractiva.
Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, pedimos al Gobierno y a las diferentes Administraciones educativas que se aborde serenamente el modelo metodológico que debemos implantar, rompiendo la dicotomía entre contenidos y materias. Ello requiere remodelar también el perfil y las competencias que deben poseer los y las docentes que deben llevarlos a la práctica, tanto en su acceso a la profesión docente como a su formación, inicial y permanente.
No podemos olvidar que, en el acceso a la función pública, los vaivenes en la política educativa han llevado a que se encuentren en vigor temarios que datan del año 1993, es decir, anteriores incluso a la LOE, que data del 2006.
Por último, y en relación con la inversión educativa, para que nuestro sistema avance es preciso dotarle de los medios económicos, humanos y materiales suficientes, aunque también es necesario que dichos medios se destinen a las áreas, centros y colectivos donde sean más útiles y prioritarios.
Desde UGT, entendemos que, para mantener la enseñanza en las mejores condiciones de calidad y equidad, el esfuerzo ha de ser continuado, y por ello defendemos que las Administraciones educativas establezcan un suelo mínimo de inversión pública que garantice los servicios esenciales, no sujeto a fluctuaciones, al tratarse de un área prioritaria, sostenidos más allá del final de las aportaciones extraordinarias como las procedentes de los fondos europeos.
También es necesario que se asegure una educación en equidad y calidad con iguales garantías en todas las comunidades autónomas como el medio más eficaz para lograr que se compensen las desigualdades existentes entre los territorios.
En este sentido, consideramos que los centros y colectivos de difícil desempeño, los proyectos de innovación y mejora o las iniciativas encaminadas a la reducción del abandono temprano son algunos de los programas que tendrían que tener una especial consideración.