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Se puede ser defensor de la concertada, creer en la convivencia estable y equilibrada entre redes y centros educativos y salir del pensamiento único de estos días
Se puede trabajar en la enseñanza concertada y pensar de manera diferente. Incluso se puede ser un defensor de la concertada más tradicional, la que ofrece un servicio público, la que cree en la convivencia estable y equilibrada entre redes y centros educativos, independientemente de su titularidad, y salir del pensamiento único que estos días hemos podido ver. Precisamente por eso muestro mi preocupación, porque creo en una concertada que apuesta por las personas y que no se siente identificada con los planteamientos de la plataforma de la concertada, ni con la reacción desmedida de una parte del sector.
Cuando oímos que “la concertada rechaza la ley Celaá”, estamos asistiendo a una generalización que una parte representativa de la propia concertada no ve así. Tan general y poco concreta es esa afirmación como los argumentos que se utilizan para ello, lo cual me lleva a afirmar que la concertada es diversa.
UGT ―organización a la que represento en el ámbito de la enseñanza concertada, privada, educación especial y atención a la discapacidad― viene proponiendo que, frente a algunos aspectos que se han situado en el centro del debate por parte de la plataforma de la concertada, más bien habría sido deseable que se hubiese profundizado en otras cuestiones que sí son trascendentes para la mejora del sistema educativo, como el currículo escolar, la carga lectiva de los docentes, las nuevas figuras profesionales que se están demostrando tan necesarias, la ratio de alumnos por aula o el incremento de las plantillas de profesores por centro educativo.
Igualmente, habríamos deseado que el debate girase alrededor de la incorporación de más profesorado para atender mejor la diversidad, de la mejora del aprendizaje de las segundas lenguas o de las enseñanzas artísticas, así como en profundizar en la erradicación del fracaso escolar o en la lucha contra el acoso escolar. Y, si queremos referirnos al estricto plano laboral de la propia enseñanza concertada, se podría haber apostado por crear las condiciones idóneas para debatir sobre la mejora de los salarios y los derechos laborales de la totalidad de trabajadores del sector.
Sin embargo, no encuentro logro alguno a la plataforma Más plurales, porque ha generado unas expectativas difíciles de cumplir. Llegados a este punto, hay que reconocer que el gran mérito de su campaña ha sido crear un gran sentimiento de pertenencia a una idea, como es el rechazo a una ley, sin apenas hablar de la propia ley. Apropiarse, hasta pervertir su significado, de términos tan nobles como libertad, pluralidad, igualdad y otros más sin mayores razones que las de reforzar un movimiento de supuestos agraviados es digno de estudio, sobre todo cuando los mensajes se vinculan a conceptos poco elaborados pero que se repiten una y otra vez.
La campaña organizada por Más plurales ha cometido tres grandes errores en nombre de la concertada, que ponen al sector en un riesgo sin precedentes.
El primero de ellos ha sido poner como escudo humano al propio objeto a proteger, la enseñanza concertada. Han generado una inestabilidad laboral entre sus más de 160.000 trabajadores, que escuchan una y otra vez noticias, falsas unas y no fundamentadas ni explicitadas en la ley otras, sobre la inestabilidad de sus puestos de trabajo. Error de manual que nos debilita a todos.
El segundo es todavía más grave: sitúan a toda la concertada como si toda fuese igual. Los que conocemos el ámbito desde un plano de gestión sabemos que la concertada es diversa y que bajo el concepto global de concertados conviven los conciertos tradicionales, los que escolarizan por separado niños o niñas, la nueva concertada, las cooperativas de enseñanza, etc. Desde estos días todo el sector parece lo mismo. Pero no lo es. Y han conseguido que la concertada hoy esté más dividida que ayer.
El tercer gran error ha sido magnificar los problemas y corporativizar al sector. El aislamiento social como colectivo te puede reforzar entre los iguales, pero te debilita en un mundo global. Y el sistema no se para.
Siempre con el debido respeto a los intereses legítimos de los integrantes de la plataforma, conviene recordar que se ha configurado como un bloque con derecho de admisión, como prueba el que ni siquiera tuvieron a bien llamar a la totalidad de organizaciones del sector para explicar su idea. De aquí podemos colegir que no es una plataforma de perjudicados por una ley que persigue un pacto con el diferente, sino un bloque ideológico que se ha reforzado en sus argumentos a fuerza de repetirlos, sin escuchar a la totalidad de la concertada, aunque hablen en nombre de todos ellos. Ni están todos los trabajadores de la concertada ―ni todos los sindicatos que los representan―, ni todas las organizaciones patronales del sector, ni todos los colectivos del ámbito asociativo de las personas con discapacidad y la educación especial.
Desde mi experiencia al frente de la negociación colectiva y en los ámbitos de gestión y negociación del propio sector de la concertada, los acuerdos pasan siempre por la actitud proactiva, pero crítica, ante cualquier aspecto; nunca por la crispación ni por el alarmismo injustificado. Después de la nueva ley vendrán los reales decretos y los desarrollos específicos de la misma. Y deben saber que las estridencias, las salidas de tono y las distancias que han creado no ayudarán a los consensos posteriores.
Jesús Isidoro Gualix es responsable del Sindicato de Enseñanza Privada de FeSP-UGT
